Esta es una de las quejas habituales de los solicitantes de la nacionalidad española: la espera se hace muchas veces tediosa e incomprensible. ¿Pero de verdad hay demora en la tramitación de los expedientes para la obtención del DNI?
Si tenemos en cuenta las quejas realizadas ante el Defensor del Pueblo entre quienes padecen este problema, diríamos que sí. Pero ahora ya no solo se trata de esta institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas: el propio Ministerio de Justicia ha reconocido la tardanza en tramitar los papeles para aquellos que cumplen los requisitos para convertirse en españoles.
Es el caso de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, que ha dado la razón a las quejas expresadas al Defensor del Pueblo por los retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, admitiendo que van «muy lentos», al tiempo que ha asumido las recomendaciones de la institución como «razonables y justas» y ha indicado que se han destinado cerca de dos millones de euros a un «plan de choque» para corregirlo.
«Tiene razón el Defensor del Pueblo y tienen razón los ciudadanos cuando se quejan de que tardamos mucho en resolver los expedientes de nacionalidad», ha dicho Puente, en un encuentro informativo sobre la ley del Registro Civil que entró en vigor el pasado 30 de abril, después de una década en barbecho, alumbrando un nuevo modelo que se asienta sobre tres pilares: la desjudicalización, la digitalización y la implantación territorial para no dejar atrás a la ‘España vaciada’.
38 funcionarios para tramitar 300.000 expedientes
Puente ha explicado que esa situación se debe a que «hay 38 funcionarios para tramitar 300.000 expedientes de nacionalidad». «Con lo que vamos muy lentos», ha reconocido, mostrándose consciente de que «detrás de cada expediente de nacionalidad hay un ciudadano con todas las expectativas puestas en que se le conceda la nacionalidad, por razones personales, sentimentales, económicas o por lo que sea».
Para remediarlo, ha contado que se han destinado cerca de dos millones de euros a un «plan de choque» de modo que, con un refuerzo de funcionarios del Ministerio de Justicia, este año se puedan resolver, «mediante concesiones o denegaciones, no siempre se concede la nacionalidad», unos 150.000 expedientes y se pueda iniciar la tramitación de otros 150.000.
Un proceso «complejo»
A pesar de asumir las críticas, Puente ha llamado la atención sobre el hecho de que «tramitar un expediente de nacionalidad es una labor compleja que en la parte final requiere de ciertos conocimientos que no tienen todos los funcionarios» porque trasciende la labor de «tramitación pura y dura» y consiste, por ejemplo, en recabar antecedentes penales y policiales, comprobar requisitos de residencia y que la documentación aportada es correcta y completa.
«Es decir, tiene una tramitación compleja y somos muy pocos», ha recalcado, para a continuación señalar que, «por supuesto», el Ministerio de Justicia atiende las recomendaciones del Defensor del Pueblo, «que son razonables y justas». «Estamos trabajando en tratar de resolver esta situación, que a nosotros también nos agobia y nos preocupa», ha asegurado.
El Defensor del Pueblo señala en su informe anual 2020 que subsiste la preocupación por los registros. En concreto, destaca que en 2019 aumentaron las quejas en esta materia y, aunque se ha dado cierta reducción en lo relativo a retrasos de expedientes de nacionalidad, las cifras siguen siendo «muy elevadas».
Esperemos que ahora admitido el problema y el origen del mismo, se dé una solución definitiva a esta cuestión que tan preocupa a todos aquellos que han emprendido la tarea para la obtención de la nacionalidad.
